De facultades y atribuciones de las fuerzas de seguridad. Sobre el fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que se dio a conocer el 6 de enero de 2016, en la Ciudad de Buenos Aires, interpreta de forma controversial las facultades de la fuerza de seguridad porteña, habilitando la detención de los ciudadanos en la vía pública para pedirles su identificación y así averiguar sus antecedentes. Esta nueva normativa desconoce lo dispuesto por la CIDH desde el caso de Walter Bulacio en 1991, momento en que se reconocieron las garantías de derecho ante la privación ilegítima de la libertad sin motivo aparente.  Asimismo, el fallo del TSJ, desecha la Ley Lázara (23.950) que modificó el Decreto de Ley 333/58, que rige el accionar policial y regula las detenciones por averiguación de identidad.

¿Qué significa este fallo?

Desde el Área de comunicación, inseguridad y control social y el Observatorio de violencia institucional de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, vemos a diario de qué manera los medios hegemónicos construyen un universo de sentido que refuerza ciertos estereotipos que, luego, son legitimados por el Poder Judicial en connivencia con las fuerzas de seguridad.

Creemos que el hecho de que una fuerza de seguridad pueda detener “sin motivo aparente” a cualquier persona descansa sobre una idea de “prevención” que obedece a un paradigma de (in)seguridad que tiene- y construye- como enemigo, en casi todos los casos, a los sectores populares y a la juventud. Esta idea se profundiza a diario bajo ciertos pilares estigmatizantes que, a modo de cliché, las empresas de comunicación producen (y reproducen), fortaleciendo el sentido social que es legitimado por las estructuras de poder y en ellas mismas. Es a partir de este imaginario colectivo -donde los pibes jóvenes de los barrios populares son los responsables de toda inseguridad- que se van creando las condiciones para la violencia estatal llevada a cabo por las fuerzas de seguridad.

Las detenciones arbitrarias como técnica de disciplinamiento y gestión de los sectores populares no son nuevas. Distintas organizaciones político-sociales, periodistas y académicos venimos denunciando estas prácticas desde hace años. Ahora, con este nuevo fallo del TSJ, se le brinda legitimidad al uso de la fuerza estatal sobre determinados sectores, donde hay reiterados casos en los que el atropello no termina con la detención, sino que continúa al interior de cada patrullero, de cada comisaría: golpes, torturas, hacinamiento, amenazas. Los casos de Ismael Sosa, Luciano Arruga, Lucas Cabello, Roberto Autero, Miguel Bru y tantos otros son la prueba irrefutable de esas prácticas, vicios y costumbres de las fuerzas de seguridad.

El problema de la discrecionalidad policial no es una cuestión coyuntural aislada, sino una práctica funcional de los sistemas policiales que, a su vez, responden a determinados modos de gobernar y ejercer la fuerza pública. Por lo tanto, este fallo no puede ser entendido sin ponerlo en relación con la declarada “emergencia en seguridad” que, mediante la construcción del problema de la inseguridad como un tema urgente y que debe ser solucionado inmediatamente, habilita la intervención violenta de las fuerzas de seguridad, vista como la opción más relevante.

En contexto

Es preciso señalar que este fallo, que enmarca la actividad policial en la tradición más autoritaria de nuestro país, se da en un contexto institucional muy sensible. En efecto, el momento actual se ve signado por el “traspaso institucional” de la Policía Federal Argentina (PFA) a la órbita del gobierno porteño.

Acudimos a instancias absolutamente significativas en lo que respecta a definir el contenido político que la función policial cumplirá en el nuevo escenario. Incluso, el fallo configura un marco de interpretación para la actividad policial que resulta regresivo. Hace ya casi 20 años la autonomía porteña comenzaba a construirse, y una de las principales piezas de esa construcción fue la derogación de los edictos policiales. No fue una transformación simple, al contrario, demandó el trabajo incansable de una multiplicidad de organismos y militantes por los derechos humanos. La autonomía nació poniendo en discusión las facultades policiales, reclamando su encuadre democrático a partir de la construcción democrática de normas (el código contravencional), pero también confiando un papel significativo al poder judicial en el control de la legalidad de su accionar.

Hoy sigue siendo igual de imperioso mantener la discusión sobre la definición de las facultades policiales: tanto de las fuerzas nacionales y provinciales como de las municipales. Cabe señalar que las leyes que rigen a las policías son de dictaduras militares y no han sido modificadas. Hoy, cuando la consolidación de la autonomía se hace cuerpo en la conseguida “policía propia”, resulta ineludible asumir que la función policial es una función de gobierno que no se agota en una definición técnico-legal. Debe ser comprendida en el marco de un programa de gobierno que le da una dimensión política.

Nuestra posición

Por todo lo mencionado en este documento, desde el Área de comunicación,  inseguridad y control social de la Carrera de Comunicación de la UBA manifestamos nuestro mayor repudio y preocupación con respecto a las últimas actualizaciones del flamante gobierno en materia de seguridad, con medidas que, lejos de mostrar un avance en materia de garantía de derecho ciudadano, generan un retroceso cultural e institucional significativo.

Con esto último, nos proponemos no dejar de lado el contexto en que el fallo del TSJ se suscita: en sólo un mes del nuevo gobierno acudimos a la mayor ola de persecución político-ideológica desde la vuelta de la democracia. Con miles de trabajadores estatales despedidos y reprimidos por las fuerzas de seguridad, intentando atacar o limitar la protesta social mediante proyectos de ley, instalando al aparato de seguridad como la única solución posible ante conflictos sociales.

Tal como afirman organismos de DDHH como el CELS, y otras organizaciones sociales, adherimos a la idea de que las políticas de mano dura no solucionan el problema de la (in)seguridad, sino que sólo contribuyen a incrementar la violencia sobre los sectores más vulnerables de la población. La demagogia punitiva legitima la marginación social sin solucionar el problema de raíz. Queda claro, de esta forma, que lo que se intenta a través de este fallo no es terminar con el “problema de la inseguridad“ sino ejercer un mayor control sobre la sociedad civil.

Área de Comunicación, (In)seguridad y Control Social de la Carrera de Comunicación (FSOC-UBA) Stella Martini, Mercedes Calzado, Horacio Cecchi, Mariana Galvani, Alina Ríos, Rosario Sanchez, Lucía Cañaveral, Rocío Baquero; y Observatorio de Violencia Institucional: Lorena Lizama, Candelaria Villarreal, Santiago Mazzuchini, Marianela Nappi, María Cecilia Suárez.

Ismael Sosa: sin alcohol y sin drogas. La responsabilidad de la policía cordobesa.

Por Candelaria Hernandez Villarreal*

A poco de que se cumpla un año de la muerte de Ismael Sosa, se conoció el resultado del examen toxicológico de su cuerpo. En la foto al pie, se ve que el examen dio negativo tanto por alcohol como por drogas, sobre los restos del pibe que apareció flotando en el Embalse Río Tercero de Córdoba en enero del 2015, después de un recital de La Renga al que había ido -o había tenido la intención de ir- con su novia y amigos.

Ayer, la mamá de Ismael, Nancy Sosa, difundió por redes sociales estos resultados, denunciando una vez más la responsabilidad policial en la desaparición y posterior muerte de su hijo. En reiteradas oportunidades, la fuerza cordobesa de Río Tercero intentó instalar la idea de que el joven de 23 años se había ahogado –luego de estar desaparecido 5 días en una provincia que no conocía-; que estaba alcoholizado o drogado; que había enfrentado a la policía en el ingreso al recital; que se había negado a pasar el cacheo habitual en el aeródromo donde se realizaba la presentación de La Renga. Así se lo hicieron saber a Facundo Sosa, hermano de Ismael, cuando viajó a buscarlo y cuando quiso denunciar la desaparición. También a Nancy, cuando la morgue cordobesa tardó 6 meses en entregarle el cuerpo de su hijo. Una vez más, cuando la misma policía –señalada por la familia Sosa como principal responsable- presentó "testigos" que afirmaron haber visto al joven borracho o drogado, "como perdido".

Como es habitual cuando se trata de desapariciones de pibes jóvenes, que no responden a ciertos estereotipos de juventud, el posicionamiento mediático contribuyó a generar una imagen sesgada de Ismael, que se amparó sólo en las versiones policiales. En este sentido, la cobertura que se hizo de la desaparición fue recién un día antes de que aparezca muerto –ya llevaba 4 días sin dar señales de vida- y con titulares que rezaban que Ismael se había “ahogado”, acompañados por fotos de él con envases de cerveza.

En este caso, no sólo la justicia cordobesa no investigó a la policía como pedía la familia, sino que también los medios acompañaron las versiones de la fuerza, poniendo en duda “lo que Ismael había hecho”. Una suerte de “algo habrá hecho” aggiornado a la policía local, conocida por su fuerza y descarga contra los sectores populares y la juventud. Ningún medio de comunicación hizo mención de los testigos que dijeron haber visto como la policía le pegaba a Ismael y lo subía a un camión de gendarmería.

Entonces, ¿quiénes son estos testigos que dijeron haberlo visto borracho o drogado, "como perdido"? ¿Qué responsabilidad le cabe a la policía de Río Tercero, encargada de la seguridad del recital y la zona? Como añadidura, ¿qué rastros presentaba el cuerpo de Ismael? Porque a la familia no se lo dejaron ver ni fue entregado el resultado completo de la autopsia, mientras que el fiscal de la causa sólo tardó un día en decir que el cuerpo no presentaba ningún tipo de rastros traumáticos o de golpes.

Como denunció Nancy Sosa, este tardío resultado evidencia más que nunca la complicidad policial cuando se trata de casos de violencia contra pibes, de clases populares y que no responden a los parámetros que la fuerza intenta establecer sobre ellos. A veces porque no roban para la fuerza, otras porque son contestatarios, otras por portación de cara, otras porque no les gusta su actitud.

Esta vez, otra vez, la cordobesa no colaboró con el esclarecimiento del caso, el tratamiento hacia la familia de Ismael fue hostil y sesgado por tratarse de gente del conurbano bonaerense. Además, se ocultaron pruebas y hasta el mismo cuerpo del chico estuvo "secuestrado" en la morgue. Y ayer, también, cuando Nancy comenzó a difundir la foto del examen de sustancias, cuando denunció por enésima vez que a su hijo lo mató la "maldita policía", ningún medio provincial o nacional, ningún portal digital, se hizo eco de estas manifestaciones. La complicidad, entonces, no es sólo de una fuerza de seguridad viciada de violencia contra los pibes y pibas; el ocultamiento y el nulo tratamiento mediático también responde a ella y vuelve a generar violencia contra Ismael y toda su familia.

Basta de violencia policial contra los más jóvenes.

Basta de castigar a los pibes de barrios populares.

NI UN PIBE MENOS

JUSTICIA PARA ISMAEL SOSA

* Integrante del Observatorio de Violencia Institucional y estudiante de Cs. de la Comunicación (UBA)